Gerente general de Cruz Blanca: «Nos preocupa que pueda quebrar alguna isapre y sería un problema para los ciudadanos»
Patxi Amutio asumió este año la gerencia general de la isapre Cruz Blanca, que ostenta la mayor cartera de afiliados. Analiza la situación del sector, afectado por una judicialización en aumento -producto de las causas que presentan afiliados para evitar el alza de precio de sus planes-, fenómeno sindicado por la industria entre las principales causas de la caída de un 38% en las utilidades, que llegaron a $ 37.240 millones en 2015. Sostiene que se requiere una nueva regulación que corrija estas anomalías y permita la viabilidad del sistema, así como un cambio de paradigma en la modalidad de aseguramiento, con un enfoque en la prevención de enfermedades, monitoreo de salud y el control de los costos de parte de las isapres.
¿Qué le parecen los resultados financieros de las isapres en 2015?
En 2015 el sector mostró resultados operacionales negativos, que dejan en evidencia el importante efecto que ha tenido en el sector la creciente judicialización, sumado al alza que han tenido los costos de la salud.
¿Qué cambios se requiere?
Seguimos con la necesidad y urgencia de que se solucionen las incertidumbres en el sector. Son cambios que no requieren grandes modificaciones en la ley, sino tener mecanismos que permitan solucionar el problema de la judicialización y el alza de precios que las isapres siempre han estado facultadas a aplicar, por la ley ,para hacer la adecuación de planes.
¿Le sorprende que la justicia no reconozca las alzas de precio?
Es extraño, porque nosotros lo que hacemos es aplicar la normativa. No se trata de las utilidades, sino de que el sistema sea sostenible en el tiempo. El poder judicial actúa en función de lo que estima, pero creemos que hay un problema de regulación que está generando esta situación extraña o anormal. Esta judicialización no forma parte del funcionamiento del sistema.
¿Cómo ve el panorama, con esta judicialización en aumento?
Complejo. Lo vemos con incertidumbre, pero mantenemos nuestra postura de colaborar y defender este sistema, donde los chilenos tienen la libertad de elección, que creo es fundamental, y libertad de elegir prestadores y hacer que este sistema siga funcionando, porque gracias a él la salud en Chile es muy buena comparada a otras geografías.
¿Se han visto casos similares en otros países?
En Colombia hay algo muy parecido con las EPS (Entidades Promotoras de Salud), una judicialización ligada a los niveles de cobertura y el sistema está con muchos problemas. La mitad de las EPS están intervenidas por el Estado, porque están en quiebra y eso está causando grandes problemas.
¿A eso se debe que las isapres estén advirtiendo los riesgos de que la judicialización aumente?
Los que realmente nos preocupa es que pueda quebrar alguna isapre y eso sería un problema para los ciudadanos. Estamos trabajando para que el sistema sea sostenible.
Pero, ¿qué tanto afecta?
Esta industria de abogados que se ha generado alrededor de los recursos de protección contra las alzas de precios ha generado un costo de $ 22 mil millones en costas que las isapres hemos pagado. Eso no es bueno para la viabilidad del sistema, es ajeno a la naturaleza de una compañía centrada en cuidar a la gente y no en pagar a los abogados. Para la industria 2015 fue complejo, por el incremento de los costos de salud muy por encima del IPC normal y la judicialización. Nosotros hemos pasado de 1.300 causas que teníamos en 2009 a 42 mil el año pasado. Eso es mucho dinero.
¿Cuánto más puede aguantar la industria así?
No sé cuánto, pero cuanto antes se solucione, mejor.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que la reforma al sector buscará asegurar su subsistencia…
Eso tranquiliza a la industria. Un modelo solidario, donde más personas tengan mejor acceso, se consigue con la colaboración público-privada. La labor de las isapres es también hacer posible que los recursos para salud pública del gobierno se destinen a atender a quienes tienen menores recursos. La convivencia de los dos hace viable también un sistema público de calidad, porque la salud privada ayuda a tener menos gastos.
¿Qué medidas están aplicando para asegurar la sustentabilidad?
Estamos haciendo un esfuerzo extra para informarle a nuestros afiliados a qué se ha dedicado la isapre, qué se ha financiado en el año. Por ejemplo, de nuestros casi 700 mil afiliados, 652 mil, es decir el 90%, usó su plan en 2015 y eso significa que entregamos $ 329 mil millones de pesos en montos bonificados por prestaciones, un 16,4% más que en 2014. Hemos cubierto 13 millones de atenciones ambulatorias, que costaron $ 147 mil millones en montos bonificados y 103 mil atenciones hospitalarias, que significaron otros $ 182 mil millones, entre otras atenciones.
¿Con eso justifican los reajustes?
Justifica la existencia de las isapres, que somos un elemento clave en el buen funcionamiento de salud y pone en valor la salud que muchos chilenos quieren y tienen.
Expertos critican una falta de contención de costos en el sector. ¿Qué están haciendo al respecto?
Entre varias medidas, estamos lanzando una línea de productos llamada Be Clever, que refuerza la capacidad de libre elección del sistema, pero donde el cliente puede decidir cuál es el prestador que más le conviene económicamente y en cobertura. Además, estamos trabajando en mejor prevención, para que los asociados sean más conscientes del cuidado de su salud y nos ayuden a tener un sistema más sostenible. Para eso hemos lanzado “bonos saludables”, que permiten acceder a prestaciones a un mejor precio o en forma gratuita, como las vacunas contra la influenza el año pasado. También tenemos el monitoreo de 1.200 pacientes crónicos, a quienes les entregamos un dispositivo que mide una serie de indicadores a los que hacemos seguimiento. Si empeoran, los llamamos y controlamos. Eso significa gastar más dinero como isapre, pero eso es un cambio de paradigma necesario en la industria para que los afiliados tengan una vida más sana.
